En el territorio indígena de Apyterewa, en São Félix do Xingu (PA), es más fácil encontrar un invasor que un parakaña. Lxs parakaña, un pueblo tradicional que habla tupi-guaraní, tiene el derecho a usufructuar 773.000 hectáreas de Apyterewa (aproximadamente seis veces el tamaño de Río de Janeiro). Allí, la población no indígena supera ampliamente a la población nativa. Según la prefectura, alrededor de 3.000 familias no indígenas se dedican ilegalmente a la ganadería para abastecer a grandes mataderos como JBS y Frigol, según una encuesta realizada por Repórter Brasil.

 

Estxs campesinxs conviven con 729 parakaña que tienen que apretujarse cada vez más en la parte norte de su territorio. Según informes del ISA (Instituto Socioambiental), se encuentran  acorraladxs y amenazadxs por lxs invasores a la vez que han visto, durante los últimos años, cómo Apyterewa se convierte en el territorio indígena más deforestado del país. Un relevamiento de MapBiomas realizado a pedido de Repórter Brasil muestra que aproximadamente el 98% de la selva destruida en el área fue destinada al pastoreo del ganado y una pequeña parcela de 180 hectáreas se convirtió en cultivo.

 

Según información proporcionada por la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), uno de estos ganaderos ilegales en Apyterewa es Juscelino Dias Moreira, propietario del Sítio Ipanema, que se encuentra dentro de los límites del territorio indígena. Moreira tiene otras dos haciendas registradas a su nombre en Pará, que utiliza para lavar ganado criado ilegalmente en el área protegida. Entre mayo de 2018 y enero de 2021, envió cientos de cabezas de ganado de Sítio Ipanema a su hacienda Montes Belos, fuera del territorio indígena, con el objetivo de engordarlos. A su vez, dicha finca vendió animales para sacrificio a JBS y Frigol hasta al menos abril de 2022.

 

En 2020, el agricultor fue multado con $21.500 reales por el IBAMA (Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Recursos Naturales) por “perjudicar las actividades de inspección ambiental”.  El ganadero participó en una protesta, dentro de Apyterewa,  que bloqueó el acceso de los servidores públicos a la base local de la FUNAI, impidiendo que la agencia indigenista actuara contra lxs invasores.

 

El ganado criado dentro del territorio indígena en Sítio Ipanema también pudo haber terminado en los mataderos de Frigol de otras maneras: en febrero de este año, los animales de esta propiedad fueron enviados a Fazenda Maranata, en Wellington Francisco Rosa, ubicada cerca de la Tierra Indígena Apyterewa. Días después de la transacción, Rosa vendió bueyes a Frigol.

 

JBS y Frigol destacan que, al momento de las compras, las fincas proveedoras directas, es decir, las que venden a la empresa sin intermediarios, cumplían con los protocolos de seguimiento. Frigol informó que “se ha comprometido a monitorear el 100% de los [proveedores] indirectos para 2030, mientras que JBS dijo que “se comunicó con sus proveedores para pedir aclaraciones sobre el origen de su materia prima”. Tras la publicación de este informe, JBS afirmó haber cancelado los contratos con los ganaderos mencionados: “Después de este contacto [con los proveedores], se bloquearon todos los registros de fincas asociadas a los dos productores”

 

“JBS está comprometida con una cadena ganadera sustentable en todos los biomas en los que opera, es decir, con asegurar que los productores no operen en áreas de deforestación ilegal, tierras indígenas o unidades de conservación ambiental; no utilizar mano de obra esclava, ni tener embargos ambientales”, agregó el líder en producción de proteína animal. “Frigol no condona ni tolera ningún tipo de falta de respeto a las comunidades indígenas, el medio ambiente y la legislación nacional”, subrayó también Frigol. 

 

Moreira no es el único ganadero en Apyterewa  que utiliza el método de triangulación o lavado de ganado para transportar animales criados dentro del área protegida a los grandes mataderos. Esta práctica consiste en enviar animales de una finca irregular a una segunda propiedad con el fin de dificultar el rastreo de los animales y permitir su comercialización.

​

Cleosmar Antonio Turmina tiene tres haciendas en Pará, Santa Luzia, ubicadas dentro de la tierra de Apyterewa, Turmina y Gaúcho, que están fuera, pero en el mismo municipio de São Félix do Xingu. En septiembre de 2021, la primera propiedad envió animales -criados de manera irregular, ya que era dentro de tierras indígenas- a la segunda, con el propósito de engordar. Días después, Turmina vendió un lote de bueyes a JBS. En marzo de 2022, hubo una nueva transacción entre esta granja y el matadero.

 

Y eso no es todo: las fincas Turmina y Gaúcho son vecinas, según registros oficiales, y una envió ganado a la otra en 2021 y 2022. Finalmente, Gaúcho vende a Frigol, lo que abre otra posibilidad de que los productos de esta marca contengan contenido ilegal.

 

“Este ganado ingresa a la cadena productiva de los frigoríficos, a pesar de ser ilegal. Tenemos serios problemas con la trazabilidad de estos animales que están en Apyterewa”, critica Carlos Fausto, antropólogo del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y autor de una tesis doctoral sobre el pueblo Parakanã.

 

Repórter Brasil intentó, sin éxito, contactar con lxs dueños de la finca “Turmina” a través de sus redes sociales y con sus representantes legales que figuran en el registro nacional del Colegio de Abogados de Brasil. Pero, aún no han emitido comentarios al respecto.

 

El informe también localizó otras cuatro granjas dentro de Apyterewa que recibían y vendían bueyes a propiedades fuera de los límites del área protegida. A su vez, trasladan, indirectamente, a los grandes mataderos -es una cadena que tiene más de dos intermediarios antes de que los animales lleguen a los mataderos-. Las tres mayores empresas brasileñas del sector cárnico, JBS, Marfrig y Minerva, ya anunciaron protocolos de monitoreo para sus proveedores indirectos, pero sus planes solo llegan a las granjas que abastecen a sus proveedores directos, invisibilizando los vínculos anteriores para los sistemas.

 

Los efectos de la invasión de Apyterewa se pueden traducir en números: en total 55.000 hectáreas de tierras indígenas ya han sido deforestadas (alrededor del 14% del total), más de la mitad en los últimos cuatro años.

 

Según una encuesta de IMAZON (Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia), que cubre el período de abril a junio de 2022, Apyterewa es la tierra indígena más afectada por la deforestación en la Amazonía. Actualmente tiene 48 puntos críticos de deforestación en su territorio. 

 

“Hoy, hay madereros, cazadores, pescadores, ruralistas y agricultores dentro de Apyterewa. Este es un resumen de la situación allí”, revela Kaworé Parakanã, líder apyterewa y presidente de la asociación Tato'a, que representa a los pueblos indígenas. La invasión del territorio Parakanã por parte de personas no indígenas ya es antigua y comenzó mucho antes de 2007, cuando Apyterewa fue creada formalmente por el gobierno brasileño.

​

“A principios de la década de 1980, había pequeñas minas en las cabeceras de algunos ríos y algunas granjas en el sitio. A fines de esa década, los madereros abrieron un camino en la región cortando la selva, y esa fue la punta de lanza para la entrada de otros invasores”, explica Fausto, de la UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro).

 

Después de que los invasores sacaron toda la caoba y el cedro del área, comenzaron a plantar pastos para renovar el valor comercial del sitio. En 2020, Repórter Brasil ya había denunciado la venta de miles de cabezas de ganado de haciendas, ubicadas dentro de Apyterewa, a grandes empresas del sector como Marfrig y otras regionales, como Frigol y Mercúrio. La práctica, sin embargo, no cesó.

 

“No queremos nuestros bosques en el suelo. Queremos bosque en pie, estamos luchando por él. Gracias al bosque tenemos nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra forma de vida. Sin bosque no somos nada”, agrega Xogoa Parakanã, habitante de Apyterewa.

 

Luego de presiones de las comunidades indígenas, el 12 de abril, el Supremo Tribunal Federal dio luz verde a la expulsión de personas no indígenas de Apyterewa –también fue una respuesta del Procurador General de la República, Augusto Aras, quien defendió la salida de los invasores. Según la Procuraduría General de la República, los retrasos en el proceso de desalojo de personas no indígenas “han causado serios problemas a las comunidades tradicionales”.

 

Pero, cinco meses después de la sentencia no hay avances visibles. Fuentes entrevistadas por el informe bajo condición de anonimato afirmaron que la base local de la FUNAI está desactivada porque no cuenta con protección de la Fuerza Nacional. El Ministerio de Justicia, responsable de este cuerpo de seguridad, confirma que la autorización para operar en la zona venció el 10 de agosto y que se analiza una nueva solicitud de la FUNAI. La agencia indigenista, por su parte, ignoró los pedidos de Repórter Brasil de aclarar los motivos del paro.

 

No sólo no se llevó a cabo la expulsión de los invasores, sino que ocurrió todo lo contrario: las amenazas contra los indígenas cobraron fuerza tras la decisión de la Corte Suprema. El 15 de mayo, una reunión entre una familia Parakanã y campesinos casi termina en un final violento. “Un anciano fue a buscar comida con su esposa e hijos. En el camino de regreso al pueblo, el grupo se detuvo al borde de un sendero para alimentarse, comer papaya, y de repente aparecieron hombres a caballo, un grupo numeroso, con muchas cabezas de buey. Comenzaron a gritar y amenazar a la familia”, dijo Kaworé. La Policía Federal visitó la aldea luego del incidente y confirmó la invasión del sitio por parte de ganaderos que supuestamente dejaron unas cien cabezas de ganado” en áreas cercanas deforestadas antes de abandonar el área protegida. Los indígenas dijeron a las autoridades que habían escuchado de los invasores que la aldea “debía ser removida” y que la tierra “pertenecía a lxs campesinxs”.

 

Para hacer la situación aún más crítica para los Parakanã, el gobierno municipal de São Félix do Xingu no mira con buenos ojos a Apyterewa. “Se necesita un nuevo estudio antropológico del área, porque lo que se hizo tuvo fraudes y vicios, entonces hay que hacer uno que busque la verdad, el municipio defiende eso”, dice Igor Franco de Freitas, fiscal de São Félix do Xingu, quien reclama el “derecho de los no indígenas”, y sostiene que el retiro de los invasores provocará “un gran caos social”, lo que derivará en problemas como el hambre, la falta de “vivienda y trabajo” en la región.

​

El alcalde de São Félix do Xingu, João Cleber de Souza Torres (MDB), incluso amenazó con renunciar en 2016 si se realizaba el desalojo de personas no indígenas. Vinculado a la ganadería, propietario de cinco haciendas en el municipio, tiene un historial de acusaciones de acaparamiento de tierras y recibió tres multas del IBAMA entre 2011 y 2014, por un total de más de R$ 6 millones, por delitos ambientales, entre ellos la tala de la Amazonía selva tropical.

 

El alcalde niega las acusaciones. Cuestionado por el informe, dijo que las multas son producto de una invasión a sus propiedades, y que “otras personas promovieron las talas, pero la CAR está a mi nombre, entonces recibí notificaciones de las multas”. Según Torres, la Policía Civil investigó el caso y habría “probado quiénes fueron los verdaderos responsables de los delitos ambientales”, pero el alcalde no indicó dónde se podría verificar esa información ni presentó documentos que la sustenten. También negó haber practicado el acaparamiento de tierras.

 

Luego de lograr detener el primer intento de des-intrusión autorizado por la Justicia, en 2016, la alcaldía ahora intenta que el Supremo Tribunal Federak  retome una “conciliación” entre los invasores y los indígenas, determinada en 2020 por el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal. En la práctica, dicha conciliación abrió la posibilidad de que los indígenas perdieran hasta la mitad de sus tierras (alrededor de 392.000 hectáreas).

 

“Pedimos reconsideración por parte del Supremo Tribunal Federal, para que se pueda reanudar el proceso [de conciliación]. Es una voluntad de indios y no indios”, dice el fiscal Igor Franco de Freitas. “La conciliación es inconstitucional”, se rebela Fausto, de la UFRJ. “Un terreno aprobado no se puede reducir. Si hay familias en estado de vulnerabilidad [dentro del IT] hay que hacer la reforma agraria, pero fuera de ahí. Y para los agricultores implica irse sin compensación, a menos que puedan probar que entraron en los 90 de buena fe”, agrega.

 

“El hecho de que este procedimiento de demarcación de tierras y desalojo de invasores ya esté siendo impugnado en los tribunales anima a los campesinos contra el pueblo indígena Parakanã”, enmienda Rafael Modesto, abogado y asesor legal del Consejo Indígena Misionero.

​

El deseo de los Parakanã es claro. En marzo, durante una asamblea en la TI, defendieron la retirada total y sin restricciones de los invasores de su territorio.