André Campos & Pedro Ribeiro Nogueira

Un viejo barco, anteriormente utilizado para cargar contenedores y adaptado para el transporte de animales vivos, se hunde y la mayoría de los 5.000 bueyes enviados para la exportación se ahogan en las orillas del río Pará, en el puerto de Vila Conde, en Barcarena (PA). Las imágenes son contundentes y los efectos del accidente persisten incluso después de 5 años: los animales en descomposición y el petróleo contaminaron el agua, dañando los medios de vida de las comunidades y la salud de la población.
Tres años antes, alrededor de 2700 animales habían muerto por asfixia en el mar debido a una falla eléctrica en el establo flotante. No lejos de Barcarena, en Abaetetuba (PA), las comunidades ribereñas lamentan la pérdida del río Curuperé, contaminado por desechos de ganado y pesticidas. El sitio se utiliza como punto de embarque de animales vivos para el sacrificio fuera del país.
Minerva Foods, uno de los tres mayores exportadores de carne y ganado vivo en Brasil, está involucrado con ambos episodios. El gigante del sector de la proteína animal acumula –junto a Agroexport y Mercúrio Alimentos, que también exportan “ganado vivo”– acusaciones de sufrimiento animal y vende a otros países animales de fincas deforestadas o multadas por trabajo esclavo.
Una investigación de Repórter Brasil encontró que estas empresas compraban bueyes a proveedores directos que, a su vez, adquirían animales para engorde de granjas que están en la “lista sucia” de mano de obra esclava y también de áreas embargadas por deforestación ilegal.

En 2009, Minerva, Agroexport y Mercúrio Alimentos firmaron el llamado TAC (Acuerdo de Ajuste de Conducta) para Carne de Res. Esto significa que se comprometieron formalmente a no adquirir animales de fincas incluidas en esa “lista sucia”, así como de áreas de deforestación ilegal o criadas en reservas indígenas.

Sin embargo, estas empresas están expuestas a la contaminación en sus cadenas de producción. Ello se debe a que al menos alguno de sus proveedores compra animales a varios ganaderos en Pará y Tocantins que están en la “lista sucia”.

Fvt Comércio de Bovinos, propiedad de Fabio Volpato Toledo, es un importante proveedor de ganado vivo para la exportación a las tres empresas de Pará, estado responsable de dos tercios de las exportaciones de ganado vivo en el país, según datos de Comex Stat.
 

Los animales vendidos por Fvt a los exportadores provienen de dos predios: las fincas Pau Preto y Agropecuária Toledo III, ambas ubicadas en São Domingos do Araguaia (PA) y registradas a nombre de Fábio Volpato Toledo, según el Registro Ambiental Rural (CAR).
 

En marzo de 2020, Agropecuária Toledo III recibió animales de la Fazenda Estrela D'Alva, en Jacundá (PA), de Jomar Antônio de Mesquita Teixeira, que está en la “lista sucia” desde 2018. Una inspección de los auditores fiscales rescató a tres trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud en la propiedad.
 

Entre abril y julio de 2019, Fazenda Pau Preto recibió ganado de otro empleador también en la “lista sucia”: Sebastião Marques da Mota. Los animales provenían de las fincas Arco Verde y Pedra Branca, dos propiedades adyacentes donde el gobierno federal rescató a cinco personas de la esclavitud.
 

“El productor que está teniendo problemas con las cuestiones ambientales tiene la posibilidad de adaptarse. Ahora, si tiene problemas con el trabajo esclavo, es un delito, tiene las manos manchadas de sangre”, analiza Mauro Armelin, director de la ONG Amigos de la Tierra, que realizó un estudio sobre los diez años de TAC da Carne y trabaja con empresas del sector. Al ser contactado, Minerva manifestó que adopta “los más estrictos criterios en cuanto al manejo de los animales en nuestras actividades, priorizando siempre el bienestar animal” y que “respeta la legislación vigente para esta actividad, tanto en Brasil como en los países importadores, en materia técnica, procedimientos sanitarios y operativos, incluido el transporte seguro de animales.” La empresa también alega que “Fvt Comércio de Bovinos y Fazenda LC I están autorizadas para vender ganado a Minerva Foods o cualquier otra empresa del sector, según datos del Registro Ambiental Rural” y que las demás fincas no están incluidas en el sistema. La compañía también afirma que es imposible rastrear a los proveedores indirectos ya que no tiene acceso a las Guías de Tránsito de Animales. Agroexport y Mercúrio Alimentos no respondieron a las consultas de Repórter Brasil. Fvt Comércio de Bovinos fue contactado por correo electrónico y teléfono, tampoco nos brindó una respuesta.
 

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El sendero de la deforestación
 

De 2015 a 2019, alrededor de 400.000 cabezas de ganado fueron trasladadas anualmente de Brasil hacia destinos en Oriente Medio, África del Norte y Turquía. El 80% de los barcos que se utiliza para su transporte fueron construidos con otros fines por lo que las embarcaciones son muy precarias y tienen hasta el doble de riesgo de hundirse. Esto convirtió a Brasil en el segundo exportador de ganado vivo por mar en el mundo, sólo detrás de Australia. Sin embargo, sí es campeón en someter al ganado a las rutas más largas. En 2019, el ganado enviado generó ingresos por 457 millones de dólares, en un mercado en el
que Minerva representa casi la mitad (47,6%) del total. El estado de Pará lidera el ranking, exportando el 66% del total de animales vivos, seguido de Rio Grande do Sul (20,5%) y São Paulo (8,3%). A pesar de representar solo el 1,3% del ganado producido por la industria cárnica en Brasil, en Pará la cifra asciende al 8,9% del total, y cabe resaltar que casi uno de cada diez bovinos de Pará sale del país por barco.
 

Según un informe de la ONG Mercy For Animals, publicado en junio de 2021, el hecho de que el estado amazónico sea el principal exportador "incluye un riesgo significativamente mayor de deforestación" ya que Pará lidera desde 2008 el ranking anual de deforestación de la Amazonía, alcanzando una superficie de 39.800 kilómetros cuadrados devastados (44,1% de toda la deforestación en el bioma amazónico).
 

En 2019, Repórter Brasil fue a São Félix do Xingu (PA) y escuchó de Arlindo Rosa, presidente de la Unión de Productores Rurales del municipio, declarar que “sale mucho ganado de aquí. Si no fuera por la exportación, no habría forma”. Según el agricultor, el 90% de sus propiedades rurales fueron embargadas por Ibama por deforestación, impidiendo la venta directa a mataderos y exportadores, (quienes suscribieron al TAC de Carne). Sin embargo, la venta de ganado vivo proveniente de propiedades embargadas termina sucediendo de manera indirecta. Después de todo, ninguno de los signatarios tiene hasta ahora un sistema de verificación para toda la cadena de producción.

Las fincas de São Félix do Xingu –que concentran la mayor superficie deforestada de la Amazonía entre 2013 y 2018 y que alcanzaron la marca de 18 cabezas de ganado por habitante– suministraron, como explica un informe de Mercy for Animals, “ganado a los cuatro mayores exportadores de ganado vivo: Minerva, Agroexport Trading e Agribusiness, Mercúrio Alimentos y Wellard do Brasil en el trienio 2015-2017”.

“Hay tres formas de burlar el TAC”, explica Daniel Azeredo, abogado del Ministerio Público de la Federación. “El primero es el lavado de ganado, cuando una finca bloqueada envía el buey a una finca que no tiene restricción ficticia y esta finca se lo pasa al exportador. El segundo es cuando el proveedor indirecto compra de varias granjas de cría y luego vende el animal gordo. Y el tercero es eludir el CAR, que es autodeclarativo y no validado, permitiendo a las empresas con problemas negociar con mataderos y exportadores”, dice.

Un ganadero multado con 1,3 millones de reales por deforestación

Además de los ganaderos multados por trabajo esclavo, la investigación de Repórter Brasil encontró un caso de animales de granja criados para exportación en áreas embargadas por deforestación ilegal. El ganadero Admilson Lopes de Andrade suministró ganado vivo, procedente de Fazenda LC I, en Breu Branco (PA), a Minerva en 2020, a Mercúrio Alimentos en 2018.
Adimilson también es propietario de otra zona de pastos, Fazenda LC II, en el municipio vecino de Baião (PA). Desde 2013, la finca tiene 250 hectáreas embargadas por la práctica de deforestación ilegal. Por la infracción, Andrade fue multado por Ibama con 1,3 millones de reales.

Entre 2018 y 2020, LC II transfirió cientos de animales para engorde en la Finca LC I, desde donde se vende el ganado a los exportadores. Para Mauro Armelin, de Amigos da Terra, “el ganado indirecto sigue siendo un agujero en la cerca”. “Esto sólo refuerza que los casos ocurren y que tenemos que seguir prestando atención mientras no sea posible cobrar el TAC solo por reducir la deforestación. Es una herramienta importante, pero dada esta locura que ha impulsado el gobierno federal, es injusto exigirle la solución sólo a él”, dice. (El informe no pudo contactar a Admilson Andrade)

Bueyes por la borda

La exportación brasileña a gran escala de ganado vivo por vía marítima comenzó en 2002, principalmente a países de América Latina. Hasta 2015 Venezuela fue el principal comprador, siendo reemplazada los años siguientes por Turquía, Egipto, Líbano, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Dichos países concentran la mayor demanda de ganado vivo por dos motivos: la insuficiencia de producción nacional y la exigencia de sacrificar a los animales según los preceptos islámicos del Halal.

Los defensores de los derechos de los animales, sin embargo, afirman que someter a los bueyes a agotadores viajes en alta mar es una crueldad. “Nuestras investigaciones muestran que los animales viven de sus heces, mueren de enfermedades respiratorias, están expuestos a temperaturas extremas de frío y calor, viajan en un espacio reducido y carecen de atención dedicada. Puedes imaginar lo que es para un buey estar en un barco en el mar durante tres semanas. Los que mueren, así como sus desechos, son arrojados al océano”, sostiene Luiza Schneider, vicepresidenta de investigación de Mercy For Animals.

La necesidad de reglamentación, recaudación de impuestos e incluso la prohibición de la práctica reúne a aliados inverosímiles: los mataderos brasileños se quejan de que la exportación de ganado en pie impide la explotación nacional del cuero, el sebo y la carne. A su vez, las organizaciones de derechos de los animales defienden la prohibición de la práctica y piden la aprobación de PLS 357/2018, que busca prohibir la exportación de animales vivos para el sacrificio. Tras recibir una opinión desfavorable de la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria del Senado, el proyecto de ley se encuentra pendiente del dictamen del relator de la Comisión de Medio Ambiente.

Para Haiuly Viana, veterinaria del Foro Nacional de Protección y Defensa Animal, el tema a menudo se plantea como una guerra de narrativas entre defensores de los derechos de los animales y ganaderos interesados en continuar con las exportaciones, quienes afirman que el comercio de ganado de pie se realiza de manera segura y sin crueldad. “Vemos que el ganado vivo, cuando viaja, lleva consigo una cadena contaminada con deforestación ilegal, que explota a personas en situación de vulnerabilidad y genera sufrimiento a los animales. Es una práctica que realmente hay que abolir, que causa un daño profundo y permanente”, dice.

En 2018, el Foro interpuso una orden judicial solicitando el desembarco de 25.000 animales del barco MV Nada, atracado en el Puerto de Santos, en São Paulo. Un juez aceptó la solicitud, y entre el 25 de enero y el 4 de febrero el buque fue detenido en el puerto, atrayendo así la atención nacional sobre la causa de la prohibición del transporte marítimo. Sin embargo, el Tribunal Regional Federal (TRF) de la Fiscalía General de la Nación (AGU) aprobó la liberación del barco hacia Turquía luego de la presentación del recurso de apelación interpuesto por la ministra Grace Mendonça. A su vez, el proceso involucró al entonces ministro de Agricultura, Blairo Maggi, y al ex presidente, Michel Temer.

En 2015, a través de una acción civil pública (ACP) presentada por el MPF, la Defensa y el Ministerio Público de Pará, se solicitó la suma de 71 millones de reales como compensación por los daños ambientales y sociales causados por el naufragio del buque MV Haidar, en Barcarena. Finalmente, el monto acordado en 2018, entre las empresas Companhia de Docas do Pará, Minerva, Norte Trading Operatora Portuária y Tâmara Shipping, los proponentes, comunidades y residentes de la región fue muy inferior al inicialmente estipulado: se terminaron por destinar 7,6 millones de reales para familias impactadas y 3 millones para proyectos comunitarios.

Al día de hoy, más de 5 años después, los animales que se ahogaron cerca del puerto de Barcarena siguen en el fondo del río. Se espera que la remoción de los restos del barco y los cadáveres cueste 51 millones de reales y se realice a lo largo de 2021.

[1] André Campos e Pedro Ribeiro Nogueira, “Brasil exporta gado vivo de fazendas da ‘lista suja’ do trabalho escravo e com desmatamento.", Reporter Brasil, 14/06/21. Disponible en: https://reporterbrasil.org.br/2021/06/brasil-exporta-gado-vivo-de-fazendas-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-e-com-desmatamento/ (Fecha de consulta: 24/07/2021)